11 abril, 2018

El auto dictado por el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, a través del cual anunciaba que no aceptaría la imputación de Carles Puigdemont por un delito de rebelión, supuso un tremendo varapalo. No solo para el Juez Palo Llarena, sino también para la propia credibilidad del sistema judicial español. Sin embargo, una detenida lectura de dicho auto plantea una serie de reflexiones sobre la decisión del tribunal regional alemán que sugieren que el asunto no terminará en cuanto se oficialicen las intenciones de dicho tribunal.

La lectura conduce a la conclusión de que, en tanto en cuanto no exista un ordenamiento jurídico idéntico para todos los socios de la Unión Europea, si es que llega a haberlo, cada día se hace más necesario que Europa avance para uniformar y perfeccionar los procedimientos entre sus Estados. La decisión de los jueces alemanes, discutible desde mi punto de vista por los motivos que señalaré más adelante, deja prácticamente en papel mojado el espíritu que guio a la UE a establecer una normativa que determina, con respecto a las euroórdenes, que «la entrega podrá supeditarse al requisito de que los hechos que justifiquen la emisión de la orden de detención europea sean constitutivos de un delito respecto del Derecho del Estado miembro de ejecución, con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo». Resulta evidente que la buena voluntad del legislador europeo existe, aunque no se aprecia un mandato imperativo, sino uno facultativo. En la práctica, ello supone que, lejos de proteger la soberanía legislativa de sus miembros, abre una puerta para que pueda llegar a ocurrir todo lo contrario.

El Tribunal Constitucional alemán, para proteger su independencia judicial con respecto a Europa, en su día hizo una reserva según la cual, si la justicia alemana considera que el derecho europeo es menos garantista en derechos fundamentales que el alemán, tiene el derecho de aplicar éste, aun reconociendo que las leyes de la UE priman sobre la legislación de cualquiera de los países comunitarios. El Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, apoyándose en esta salvedad, provocó con ello el absurdo de que un tribunal regional pueda enmendar la plana a un tribunal supremo de otro país europeo al prejuzgar en la práctica un posible delito cometido fuera de las fronteras alemanas.

Aun reconociendo que los jueces del Tribunal de Schleswig-Holstein pudieron haber actuado conforme a la literalidad de los tratados de la Unión Europea, en su auto se aprecian ciertos claroscuros en forma de argumentos discutibles e incluso de alguna forma contradictorios. Además, y por si fuera poco, el auto señala, aun sin citarlo, el camino a seguir a los separatistas de Baviera, algo que es de suponer no satisfizo en absoluto al gobierno alemán.

En su exposición, los jueces del länder reconocieron que no existía ninguna Ley alemana que penalizara la participación en una rebelión «en España», obviedad que sin embargo no impidió que se opusieran, al no permitir su entrega, a que el presunto delincuente Puigdemont fuera juzgado en el país donde ocurrieron los hechos.

Tampoco parece excesivamente lógico que, a falta de precedentes, el tribunal trazara una analogía entre una manifestación violenta para intentar impedir unas obras en el aeropuerto de Frankfurt y una rebelión que perseguía nada más y nada menos que desmembrar un Estado de la Unión, sobre todo porque esos hechos, si hubieran sido perpetrados en Alemania, sin duda habrían sido catalogados como un delito de alta traición.

La argumentación de los jueces alemanes presenta otros interrogantes adicionales. El auto asegura que «si el acusado pretendió forzar un órgano constitucional ejerciendo violencia no de manera directa sobre dicho órgano constitucional, sino sobre terceros u objetos, solo podrá considerarse delito si la presión ejercida de dicho modo sobre el órgano constitucional, teniendo en cuenta todos los aspectos de la situación de fuerza, puede considerarse capaz de doblegar la voluntad del órgano constitucional que se opone a la voluntad del acusado». ¿Acaso hechos consumados como la declaración unilateral de independencia, proclamada en el Parlamento de Cataluña, o la realización de un referéndum previamente declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español, no significan doblegar la voluntad del máximo órgano constitucional en España?

Más adelante, el comunicado asegura que a Puigdemont «se le puede imputar la violencia que tuvo lugar el día de la consulta, pero estos actos violentos no tuvieron la forma, la envergadura y el efecto suficiente como para ejercer tanta presión en el Gobierno y que éste tuviera que capitular frente a las demandas de la persona violenta». Una vez doblegada la voluntad del Gobierno, del Tribunal Constitucional y del propio Estatut de Catalunya, ¿resulta sostenible la necesidad de que el gobierno español tuviera que capitular (aceptar como hechos consumados la rebelión) para que los jueces alemanes hubieran encontrado motivos suficientes que pudieran justificar la extradición? Ustedes mismos.

Es de esperar que en cuanto se reciba la respuesta definitiva a la euroorden, tal como se anunció en su día en nota de prensa, el Juez Llarena ejercite «las acciones pertinentes para la protección y defensa del orden jurídico europeo». Si por fin ello ocurre, queda todavía la esperanza de que el Tribunal Europeo atienda debidamente la demanda del juez español. Lo contrario significaría convertir en papel mojado el espíritu de la Decisión Marco de 2002 referente a las órdenes europeas de detención y entrega (ODE).

 

Francisco Villalonga
Autor
Francisco Villalonga

Ex director regional del Banco Santander Negocios

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