¿Quién le pone la hipoteca al gato?

29 octubre, 2018

La cantidad de arbitrariedades llevadas a cabo por la banca en el mundo de las fransacciones financieras es numerosa: comisiones exageradas, gastos de estudio y un largo ect hasta llegar al abuso de las cláusulas suelo pero, en el tema que nos ocupa, la banca no tiene responsabilidad alguna. Al implantarse, en su día, el impuesto de actos jurídicos documentados que grava los préstamos bancarios con garantía hipotecaria,se regulo a través del real decreto 82.8/1995 y, concretamente, en su articulo 68.2 se estableció que el pago corresponde al prestatario tal como se ha venido imputando hasta el día de hoy.
Una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado el citado articulo 68.2 obligando a que sean los bancos los que paguen la cuota de dicho impuesto. Las primeras reacciones por parte de la opinión pública han sido dobles: por un lado porque la mayoría de ciudadanos afectados piensan que recuperarán el pago que hicieron en su día por este concepto y, por otro, la mayoría piensa que al final serán los entidades bancarias las que tendrán que hacer frente a esta nueva situación.
La solución no es tan simple . En el caso de que en la reunión del 5 de Noviembre de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se decida que en el futuro sea la banca la que tiene que hacer frente a este impuesto y aplica efectos retroactivos de cuatro años, entraremos en un problema muy complejo.
Por un lado los particulares afectados, podrán solicitar la devolución del impuesto abonado en su día a la Comunidad Autónoma correspondiente, derecho que parece indiscutible. Posteriormente la Comunidad Autónoma lo solicitará al banco que intervino en la operación hipotecaria y esta segunda parte asegura los correspondientes litigios jurídicos entre las partes. Será difícil encontrar argumentos que obliguen al prestamista a pagar el impuesto retroactivo, pues en este caso ha actuado según la ley. Imaginemos por un momento que partiéramos de la hipótesis de que hasta ahora eran los bancos los responsables de abonar el impuesto y que el Tribunal Supremo cambiaba el criterio y pasaban a ser los ciudadanos los que debieran abonarlo; nos encontraríamos en la rocambolesca situación de que los bancos exigirían la devolución del impuesto a las Comunidades Autónomas y estas a su vez lo harían con los particulares.
En resumen, si el Tribunal Supremo acuerda imputar el impuesto a la banca el costo económico para las Comunidades Autónomas puede ser tan grande que el gobierno central tenga que tomar medidas para ayudarlas, lo que conduciría inevitablemente a algún tipo de nuevo gravamen.
La banca solventará su problema aumentando en alguna décima el interés de la operación hipotecaria y como consecuencia el prestatario será al final quien de forma indirecta abone el impuesto.
Y si lo dejáramos como está?

Jaume Cladera
Autor
Jaume Cladera

Ex conseller de turismo del Govern Balear

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