16 enero, 2019

Desde siempre, los gobiernos de turno han intentado controlar a los medios de comunicación. El denominado “cuarto poder” desde su aparición fue atractivo para los políticos, independientemente de su ideología. En el siglo XIX la concomitancia entre los políticos y los periódicos era descarada y directa, muchos líderes políticos a título personal, eran editores o directores de los diarios; en otros casos, era el partido político el dueño del medio de comunicación y en la mayoría de ellos los periódicos eran simpatizantes de algún partido en concreto. Como muestra de desvergüenza, Joaquín Rallo, director de La Discusióndiario editado en Madrid durante la segunda mitad del siglo XIX -, escribía lo siguiente: “….que la subvención sea fija y algo más crecida, ya que las ideas que este periódico defiende, y la política que le inspira, deben tomarse más en consideración por la respetabilidad de las personas que lo apoyan”. La Discusión, cuando esto se escribía, pertenecía al Partido Demócrata Posibilista, de orientación republicana, fundado en 1876 por Emilio Castelar.

La forma y estilo del control de los diarios dependía del gobierno, si era democrático o no. Con las leyes y los decretos frenaban al medio hostil y con las subvenciones ayudaban al proclive. Por eso, las subvenciones, ayudas y dádivas eran frecuentes.

A finales del XIX y principios del XX, a los diarios perceptores de subvenciones se los denominaba “periódicos sapos”, dichas ayudas eran totalmente subjetivas y normalmente desconocidas para el resto de los periódicos.

En el siglo XX persiste la idea de comprar voluntades mediáticas con dinero público. Son múltiples los casos de entregas económicas a periódicos, siendo uno de los más escandalosos el que se produce en 1980 por parte del, por el entonces Secretario de Estado para la Información del Gobierno de UCD, Josep Meliá Pericás, que reparte un «fondo de reptiles» de 156 millones de ptas., de los que 67 millones, teóricamente se destinan a Baleares, pero que en realidad se quedan entre los amigos de Mallorca, con casos tan escandalosos como la entrega de 13 millones de ptas. a un diario que aun no había iniciado su edición.

Esta costumbre no ha sido erradicada aun en el siglo XXI, actualmente en Cataluña, La Generalitat, reparte grandes cantidades de euros, no para «arropar» a un partido en concreto, sino para defender al Procés de su enemigo, que según los independentistas es el Estado español.

Desde 2007 a 2017 las distintas consejerías de la Generalitat, han entregado la cantidad de 257.452.856 € en concepto de «publicidad institucional», de los que una parte, concretamente 118.927.169 € , lo han sido como » inversión en medios impresos».

En el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el pasado 21 de diciembre, entre otros acuerdos, se aprobó una inversión económica similar a los 119 millones de euros entregados a los medios impresos, para financiar la conservación y explotación de las carreteras catalanas. Si no se hubiesen «regalado» estas cantidades a los periódicos, no sería necesario ampliar el déficit público para atender estas inversiones.

Todas estas subvenciones están destinadas a la iniciativa privada, ya que los medios de comunicación públicos como TV3, RAC-1 y otros. son gestionados directamente por la Generalitat, y sus abundantes pérdidas, al igual que las de otros medios públicos, son financiadas con los impuestos de los contribuyentes.

La totalidad de los medios escritos editados en Cataluña reciben una cantidad anual en concepto de inversión (subvención), pero no todos con el mismo criterio; pues hay dos que destacan del resto: El Punt Avui y Ara; el primero de ellos ha recibido en los ejercicios 2016 y 2017 la cantidad total de 4.470.279 €, y el segundo en los mismos años la de 2.138.789 €. Los resultados negativos del ejercicio en el mismo período han sido en el caso de El Punt Avui de 1.168.341 € y en el de Ara de 2.681.602 €, lo que indica que la subvención en el caso del primero de ellos, no solo les cubre las pérdidas sino que le sirve de aportación de nueva financiación gratuita. En referencia al diario Ara la subvención, se queda corta en 542.813 €, lo que ha obligado a los accionistas (Carulla y Rodés) a realizar un préstamo participativo a favor de la sociedad editora de 1.418.333 €.

Sin embargo el diario más importante de Cataluña en todos los sentidos, por estructura, por experiencia, por cobertura del territorio y sobre todo por difusión, que es La Vanguardia, ha percibido entre los dos años citados 3.761.310 €, lo que supone 708.969 € menos que El Punt Avui. Si comparamos las difusiones controladas por OJD de ambos medios, es cinco veces superior la de La Vanguardia, con 105.813 ejemplares en 2017, contra los 21.683 ejemplares de El Punt Avui.

Parece claro que el «sin criterio» de reparto, no se basa en ningún hecho objetivo, sino en el grado de acercamiento de éstos a los intereses políticos de los partidos que manejan los fondos de la Generalitat.

Ambos diarios están a la cabeza en la defensa del «Régimen» (Procés); El Punt Avui enarbola el lazo amarillo en su cabecera y Ara cada vez que se refiere al Estado español, lo cita como Estado opresor.

Curiosamente, el grupo editorial Hermes Comunicacions, que ha recibido de la Generalitat más de doce millones de euros entre 2008 y 2014, tuvo como redactor jefe de El Punt Diari a Carles Puigdemont y actualmente como directora de la publicación mensual en inglés Catalonia Today a Marcela Topor, esposa del anterior presidente de la Generalitat. Está claro que el principal defensor del Procés, junto a los medios de comunicación públicos catalanes, es El Punt Avui, que tiene «múltiples razones» para identificarse con el movimiento independentista catalán.

De todas las definiciones de empresario que conozco, la más escueta es: persona que asume el riesgo, pero observo que solo es válida para aquellos que no sean editores.

Está claro que los «sapos» del XIX  han crecido en cantidad y en volumen, de manera que ahora son «escuerzos» gigantes que necesitan una ciénaga mucho más grande.

Como conclusión: ¿Debe censurarse la línea informativa de estos medios de comunicación por la defensa de una determinada política?, ¿rotundamente, no?; lo que sí es criticable es que se haga financiándose con dinero público.

 

 

 

Antonio Ruiz Romero

economista

 

 

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