4 diciembre, 2017

A estas alturas, tras los sucesos secesionistas e Cataluña, existe un consenso casi generalizado entre la población española de la necesidad de reformar la Constitución. No es menos cierto, sin embargo, que hoy por hoy es casi imposible un pacto sobre el alcance de las reformas y sobre todo en lo referente a las materias susceptibles de mejora. Conseguir un acuerdo de mínimos en las asignaturas pendientes cuyas mejorías son más acuciantes: el modelo de financiación, la reforma electoral, la armonización de la enseñanza o la sanidad, y la modernización del sistema judicial. Llegar a acuerdos sobre estas materias supone una misión casi imposible, dadas las diferentes e irreconciliables opiniones al respecto.

La financiación de las autonomías se ha movido durante años dentro de un sistema de cálculo entre desordenado y esotérico, algo que ha provocado que tanto las regiones como las dos ciudades autónomas se hayan convertido en una suerte de pedigüeñas sin límite ante una Administración central incapaz de satisfacer sus demandas. Entre otras razones, porque un sistema que debería haberse fundamentado en la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles, en la práctica se ha convertido en una pugna por conseguir recursos a través de amenazas de todo tipo. El interés general se pretende supeditar a cada uno de los intereses particulares, lo que provoca un caos imposible a la hora de cuadrar las cuentas públicas, además de ensanchar una brecha insolidaria cada vez mayor.
Con la reforma electoral ocurre algo parecido. También existen discrepancias sobre las que va a ser muy complicado el acuerdo. Todos los partidos aceptan en principio una cierta proporcionalidad corregida, aunque inmediatamente ponen en marcha la calculadora para ver cuál es la fórmula que más les beneficia. Las correcciones, en definitiva, se proponen en función de los réditos particulares, sin atender a la racionalidad. Los intereses partidistas de las formaciones de carácter nacional impiden, por ejemplo, cualquier aproximación a la mejora de la proporcionalidad por parte de los partidos nacionalistas.

La voracidad competencial, pero sobre todo recaudadora, hizo en su día que las diferentes Autonomías asumieran competencias como la sanidad y la educación que jamás deberían haberse puesto en manos periféricas. Ello trajo consigo la existencia de diecisiete sistemas diferentes en cuestiones de salud y educación, creando unos problemas muy difíciles de solucionar y casi imposibles de revertir. Así, a un enfermo le resulta muy difícil ser tratado en un centro fuera de su ámbito autonómico, además de que el sistema desaprovecha las sinergias derivadas de la concentración de esfuerzos en una sola organización. En cuestiones de educación el problema no es tanto de sinergias como de armonización. No es admisible que existan diecisiete programas escolares diferentes, pero así es.

El posible acuerdo en cuanto a la reforma del sistema judicial también se presenta complicado, aunque algo menos. En este caso estamos ante un problema de competencia y también de interés. Por una parte, existen serias dudas sobre quienes tienen la responsabilidad de acometer las reformas necesarias para que se reduzcan los plazos. El drama es la desconfianza de que algunos partidos no tengan personajes con talla suficiente ni capacidad para llevar a cabo las reformas. Eso sin contar el desinterés de los políticos en cambiar los sistemas de elección en órganos como el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, algo que les supondría perder la capacidad de influir sobre ellos.

Francisco Villalonga
Autor
Francisco Villalonga

Ex director regional del Banco Santander Negocios

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