Incertidumbre en las próximas elecciones

1 noviembre, 2019

Es conocido y así debe aceptarse que los partidos políticos diseñen sus estrategias electorales con el doble objetivo de mejorar los resultados propios y perjudicar a sus competidores.
Ahora bien, cuando esta máxima se hipertrofia, el riesgo es el de que los resultados electorales acaben distorsionados.
Bien se entiende que el Partido Socialista pretenda perjudicar los intereses del Partido Popular en la medida en que es su máximo rival para acceder a la Presidencia del Gobierno. Resulta, sin embargo, difícil de entender que para ello favorezca la presencia de Vox en los debates electorales. Sospecho que esta es la razón por la que Pedro Sánchez se ha negado a un cara a cara con Pablo Casado. El único debate a cinco previsto para el próximo lunes 4 de noviembre, parece responder a este objetivo. Santiago Abascal rivalizará con Pablo Casado con crecientes posibilidades de éxito si continúa agravándose el problema de orden público en Cataluña.
Estos síntomas se agravan, aún más si cabe, entre los partidos catalanes. JuntsxCat ha optado por rentabilizar los altercados callejeros. Sostiene que su visibilidad en los medios de comunicación le genera rédito electoral. Tanto el Gobierno Central como los gobiernos autonómicos deberían asegurar el derecho a voto de los ciudadanos.
El sistema democrático se fundamenta en el principio de representación. Los ciudadanos elegimos diputados y senadores para que representen nuestros intereses en el Parlamento. Esta es la clave de todo el entramado de la Democracia. Si políticos o partidos pretenden extorsionar y dificultar el ejercicio de este derecho, estarán socavando el fundamento mismo de la Democracia. Nadie debería llamarse a engaño pero el Gobierno está obligado a garantizar la seguridad el 10 de noviembre. Y la seguridad significa que las fuerzas de orden público deben utilizar de cuantos medios legales dispongan para prevenir y evitar desórdenes que cercenen el derecho de los ciudadanos al voto también en Cataluña. Y entre estos medios se incluye, sin duda, el uso legítimo de la fuerza. El legítimo derecho a la protesta no puede menoscabar el derecho político de los ciudadanos a votar.

José María Lafuente
Autor
José María Lafuente

Abogado y catedrático de la Universidad de Girona

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