El 40 aniversario de la Constitución

8 diciembre, 2018

Del 40 aniversario de la Constitución española de 1978 que se celebró ayer cabe inferir varias consecuencias.

La primera no es propiamente la falta de consenso. La verdad última es que esta falta de consenso viene motivada por la falta de calidad de nuestros políticos. El consenso es el resultado del diálogo; y el diálogo exige inteligencia. A diferencia de los políticos de 1978, la actual clase política evidencia una total ausencia de formación. Jamás había sido tan fácil acceder a un alto cargo. Los currículums de Pedro Sánchez, de Pablo Casado, de Joaquín Torra, o de Susana Díaz no presentan más que una carrera universitaria cursada en un montón de años y repleta de suspensos, sino de plagios. Salieron de la facultad, se afiliaron a las juventudes del partido y desde ahí fueron escalando hasta llegar a lo más alto. Nada saben y nada conocen ajeno a la vida de su partido. Y, claro está, esta falta de formación y de inteligencia determina la ausencia de diálogo y, por ende, de consenso.

No sé si son los políticos que nos merecemos; pero ciertamente que su liderazgo se proyecta en la sociedad. Y si la sociedad está dividida, tampoco el acuerdo es posible.

Esta primera consecuencia es una introducción a la segunda. La Constitución de 1978 tiene 40 años y como todos los textos jurídicos necesita reformas para adaptarse a la realidad social en la que rige. Ahora bien, el referéndum constitucional de 1978 dio un voto favorable en todas las provincias de España, inclusive algunas tan particulares como Guipuzcoa o Girona. Todas las Constituciones que en el mundo son, fueron promulgadas en un momento convulso para resolver graves problemas sociales; y todas las constituciones que en el mundo son tienen la pretensión de perdurabilidad. Decía un profesor de la Universidad de Barcelona que el Derecho Romano es al Derecho Civil lo que la Constitución americana es al Derecho constitucional y la Constitución americana es de 1791.

Todos coincidimos en que la Constitución española precisa reformas pero sería imprudente introducirlas con menor consenso que aquél con la que fue aprobada. La función del Senado, la estructura territorial del Estado y el refuerzo de las garantías para los derechos sociales y económicos son extremos que deberían generar ese consenso.

Ahora bien, la pregunta deviene por sí sola y los referéndums francés sobre la fallida Constitución europea o británico sobre el Brexit han evidenciado el problema: ¿Contesta el electorado estrictamente a la pregunta que se le formula en un referéndum? ¿O más bien contestan en función de impulsos perfectamente ajenos a aquello que se les pregunta?

¿Contestaría el electorado español estrictamente a la pregunta si quiere o no cambiar las facultades del Senado o el estado de las autonomías? ¿O más bien respondería en función de su enfado o no con los políticos, el desempleo o la falta de vivienda? Porque si así fuese, ciertamente que habrá que posponer esa tan necesaria reforma.

José María Lafuente
Autor
José María Lafuente

Abogado y catedrático de la Universidad de Girona

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