Con permiso de D. Martin Luther King

26 marzo, 2019

Ayer tuve el sueño de un gran pacto entre los dos grandes partidos mayoritarios en el congreso de los diputados. Ambos convocaban una sesión solemne, con objeto de disolver las cámaras después de leer un comunicado conjunto. Dicho escrito decía más o menos así:

Los dos partidos representados en esta cámara con mayoría de votos, los únicos que hemos tenido responsabilidades de gobierno desde la transición, con la excepción de la extinta UCD, queremos solicitar humildemente perdón al pueblo español por los siguientes hechos constatables, de los cuales nos sentimos plenamente responsables.

No hemos sido capaces de vertebrar un sistema político que permita una deseable convivencia entre todos los españoles. Es más; hemos antepuesto nuestros intereses particulares a los generales y nos hemos dejado extorsionar por teóricos representantes de falsos nacionalismos, concediéndoles un dinero y un poder que jamás merecieron. Todo a cambio de votos y apoyos efímeros, algo que ha provocado una fractura entre los españoles de solución harto difícil en estos momentos.

Ni juntos ni por separado hemos siquiera intentado solucionar los problemas reales de España a pesar de haber gozado a través de los años de poderes legislativo y ejecutivo suficientes para acometer tal desempeño. Reconocemos que nuestros respectivos intereses partidistas siempre primaron sobre el interés común de la ciudadanía. Nuestro gran error consistió en acaparar poder –y presupuesto– a cualquier precio, olvidándonos del mandato de los ciudadanos en general y de nuestros electores en particular.

Además, fuimos incompetentes. Lejos de emprender las reformas que España y Europa demandaban, nos dedicamos a dilapidar los recursos de los españoles y las ayudas que generosamente nos otorgaron nuestros socios europeos. Las inversiones realizadas siempre supusieron un fracaso espectacular al no haberlas enfocado hacia la productividad y sí hacia una política de gasto inasumible. Nuestra responsabilidad sobre el control del dinero público jamás existió. Como consecuencia de ello, nos sentimos directamente responsables de que España haya sufrido la mayor crisis de su historia moderna, no sólo en lo económico, sino también en lo social y por supuesto en lo político.

Especialmente grave fue nuestra incapacidad por conseguir una administración eficiente. Provocamos crecimientos clientelares exponenciales y sistemáticos en empresas y organismos públicos sin mejorar lo más mínimo la calidad en el servicio a la ciudadanía. Con nuestra actuación, lejos de resolver el problema de la modernización de la función pública, se produjo un deterioro considerable en los servicios, derivado de la falta de ilusión por parte de unos servidores públicos de carrera que observaban atónitos como su escala de valores tradicionales –méritos, conocimientos, eficiencia…– era sustituida por la mera militancia política.

El inmovilismo siempre presidió nuestras acciones de gobierno, jamás nos pusimos de acuerdo para acometer las reformas necesarias, llegando a tal extremo que todavía hoy no hemos sido capaces de consensuar la prevista ley de huelga a pesar de ser una necesidad imperiosa reconocida por todos.

En lugar de incentivar la productividad, utilizamos de forma habitual el BOE para convertir España en un paraíso del subsidio. Confundimos, de manera tan deliberada como reiterada supuestos derechos con privilegios sin sentido, empezando por los que nos concedimos a nosotros mismos, que no son pocos y la ciudadanía conoce sobradamente.

Anunciamos en innumerables ocasiones una prescindible ley de transparencia sin reparar en que lo necesario para España no era una nueva ley, sino una decidida vocación por ejercitar la transparencia. Mientras los países de nuestro entorno publican de oficio por Internet todos los gastos públicos, nosotros nos limitamos –y no todos– a publicar nuestra declaración del IRPF, como si el hecho de tributar significara un salvoconducto de honradez.

No fuimos capaces tampoco de asumir que los políticos debemos estar preparados para someternos de forma permanente al control de los ciudadanos a través de organismos independientes que en España no existen. El Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial, el Gobernador del Banco de España o el Defensor del Pueblo son algunos ejemplos de cargos y organismos que, hoy por hoy, no gozan de la independencia necesaria ante nosotros, los políticos. Y nada hicimos por evitarlo.

Los casos de presunta corrupción se extienden hoy como una mancha de aceite, y los responsables políticos –nosotros– sólo fuimos capaces de reaccionar con una respuesta pueril: no todos los políticos somos corruptos. Tampoco en eso supimos ser originales, pues ya se sabe que “excusatio non petita, acusatio manifiesta”. Debemos reconocer que estamos avergonzados al tener que admitir que ni una sola de las denuncias de corrupción que ha llegado a los juzgados tuvo su origen en nosotros; todas llegaron a través de la prensa o de la policía.

Es cierto que, una vez destapados los casos de corrupción, a veces nos sumamos a las denuncias, pero sólo cuando afectaban a nuestros adversarios políticos, jamás cuando afectaban a nuestros respectivos militantes. Incluso, en algunos casos, hicimos lo posible para que algunos casos no prosperaran. Nos alegramos cuando, probado el delito, comprobamos que éste había prescrito y, para mayor vergüenza, no nos tembló la mano para aplicar indultos injustificados e injustificables en los pocos casos de sentencias desfavorables para los intereses de militantes de nuestras formaciones.

Por todo lo anterior, hemos decidido proponer la disolución de las Cámaras y la correspondiente convocatoria de elecciones, que deberán celebrarse a la mayor brevedad. Todos aquellos políticos que en algún momento hayamos tenido responsabilidades de gobierno –presidentes, ministros, subsecretarios y secretarios de Estado– renunciamos a presentarnos vistos nuestros reiterados fracasos y atendiendo a nuestras evidentes responsabilidades.

Por último, queremos dejar constancia de nuestro deseo de que los nuevos representantes públicos no reincidan en nuestros errores y a la mayor brevedad acometan las reformas que nosotros ni fuimos capaces de emprender, ni nos asiste ahora autoridad moral para liderar:

  • Reforma en profundidad de la Ley Electoral y de la Constitución.
  • Lucha firme contra la corrupción aplicando la tolerancia cero y aumentando la transparencia a todos los niveles de la administración.
  • Promover la separación efectiva de poderes
  • Creación de mecanismos de control real y efectivo para la exigencia de responsabilidad política.
Francisco Villalonga
Autor
Francisco Villalonga

Ex director regional del Banco Santander Negocios

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