20 octubre, 2017

 

 

El órdago que lanzó Mariano Rajoy a Carles Puigdemont sirvió para constatar que el todavía presidente del Govern se encontró ante una decisión muy complicada. Por una parte, tenemos su empecinamiento en seguir al margen de la legalidad y las presiones de los antisistema de la CUP; y por otra, el renunciar a su compromiso. Sabía que tenía que elegir entre lo malo y lo peor. Conocía también que la independencia de Cataluña hoy es imposible. De ahí que decidiera parapetarse en la solicitud de una inviable “mediación internacional”, convirtiéndose en rehén de una CUP pese a todo insatisfecha. Las advertencias de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May; del comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici; del secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland; del presidente francés, Emmanuel Macron; o del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tampoco fueron suficientes para disuadirle.

Con su decisión, Puigdemont de hecho estaba amenazando al Estado, si es que por fin llega a aplicarse el artículo 155, con la algarabía callejera permanente como solución para seguir alentando una posición independentista que ya se encontraba ubicada virtualmente en vía muerta. Ni siquiera resultaba necesario que el Tribunal Constitucional le recordara, con la declaración de nulidad de la Ley del Referéndum, que ésta «ha puesto en riesgo máximo» los derechos de todos los catalanes, dejándolos «a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno».
La inviabilidad de la independencia de Cataluña no había llegado a través de la política, las advertencias internacionales o a través de una fantasmagórica proclamación secesionista. La realidad que Puigdemont se negó a aceptar, vino dada por la respuesta de las más de 800 empresas que en un plazo récord de poco más de dos semanas decidieron deslocalizarse de Cataluña.
La consecuencia más inmediata de la diáspora es el estrangulamiento financiero y el posterior colapso a los que estaría abocada la non nata República Catalana. No ya por la fuga de recursos, sino también por el deterioro causado ante la práctica imposibilidad de recaudar impuestos y carecer de un banco central sin crédito alguno que le posibilite acudir a los mercados y por tanto incapaz de proveer de liquidez a su aparato político.

La inconsciencia y el fanatismo de la CUP admiten ya, en el caso de declararse la DUI, la necesidad de aplicar un corralito financiero, que por cierto no acatarían los bancos emigrados. Incluso en el caso improbable de convertir el Institut Català de Finances (ICF) en un banco central, habría que abordar la acuñación de una nueva moneda, inviable sin contemplar antes sus consecuencias: una paridad respecto al euro que supondría una enorme devaluación que podría alcanzar el 70% y el consecuente empobrecimiento de todos los catalanes.
El drama del President Puigdemont es que tarde o temprano tendrá que hacer frente tanto a sus responsabilidades como a sus irresponsabilidades, que son muchas.

 

Francisco Villalonga
Autor
Francisco Villalonga

Ex director regional del Banco Santander Negocios

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